La discusión y alcances del 21F


El 21F trajo polémica, ninguneos y expectativas diversas. En sí mismo es un gran acontecimiento, por lo que se dice, por lo que se oculta, por lo que genera a izquierda o a derecha.
No se puede ser indiferente ante un acto masivo, diverso y plural en sus motivaciones, discursos, convocantes en el palco, y participantes en la calle, no todos (como identidad) en el escenario, e incluso con relativa autonomía en sus presencias (parte de la izquierda partidaria).
El acto principal se desplegó en la Capital del país, pero se concretó federalmente en varias ciudades, expresando arcos sociales y políticos no necesariamente igualables.
No todos los sujetos individuales o colectivos interpelados fueron parte de la convocatoria. Es más, bases sociales e incluso dirigentes de espacios sindicales, sociales y políticos desoyeron a sus dirigencias para protagonizar la actividad.
La movilización fue más allá de los propósitos sustentados por los originadores de la protesta. Si empezó por el Sindicato de Camioneros, o incluso por Hugo y Pablo Moyano como se pretende hacer ver, la iniciativa fue asumida por una parte de la CGT, las CTAs y los movimientos sociales que articulan su accionar.
Nadie pudo quedar al margen, incluidos críticos por derecha o izquierda. He ahí la importancia de la iniciativa, que modifica el escenario más allá de cualquier propósito de los variados que inspiraron el 21F.
¿Para qué sirven las marchas y concentraciones, la del 21F en particular? Era un interrogante previo y posterior al acontecimiento.
Una primera aproximación podría ser que la utilidad es habilitar un debate sobre la política e iniciativa gubernamental, e incluso de los críticos por derecha, pero también sobre el accionar y pensar de opositores y más allá, en el intento por superar discusiones coyunturales y de corto plazo para avanzar en la profundidad de proyectos de civilización alternativa.
Además del debate pone en dinámica la construcción de subjetividades detrás de variados proyectos. Algunos imaginan el comienzo de un frente electoral anti Macri, claro que habrá que ver quien lo define en su dirección, tema en disputa entre sectores tributarios del peronismo y /o del kirchnerismo, que no son lo mismo. Otros rumbean por el proyecto de un frente socio político para acumular fuerza en un debate sobre la sociedad actual y una perspectiva diferente, de crítica al modelo social, cultural, productivo y de desarrollo.
Existe una reorganización del movimiento social, es evidente. Es una afirmación válida más allá de las fronteras nacionales. Como organizar a la sociedad de abajo es algo que está en discusión en todo el mundo.
La ruptura de la bipolaridad del sistema mundial en los 90 del siglo pasado puso en discusión el orden social y mientras los de arriba discuten como reorganizar la sociedad, la economía, la política, las ideas y los sentidos comunes, los de abajo, con efecto de retraso, también protagonizamos debates y experiencias, entre ellas, las que definen la unidad de acción, no la de las palabras grandilocuentes, sino las de la realidad tal y como es, con sujetos y proyectos reales y no imaginarios.
La situación económica en la trastienda
El trasfondo de la discusión pasa por la situación de la economía. Desde el gobierno se apuesta todo al fetiche del crecimiento, sin discutir el sentido del mismo y los beneficiarios directos. Es cierto que la economía creció durante el 2017, apenas contrarrestando la caída del 2016 y apenas en el nivel del 2015. También hay crecimiento en el 2018.
Se argumenta que la pobre perfomance del 2016/17 es una cuestión relativa a la herencia recibida. Un discurso que pierde densidad mientras corre el tiempo.
Luego de dos años de gobierno queda claro que la disminución de la pobreza es una quimera, y que además, es un tema estructural que se arrastra ya por varias décadas y atraviesa a varios gobiernos constitucionales.
El crecimiento económico se mide por el Consumo, la Inversión y el saldo favorable de la Balanza de Pagos. Este último es negativo, casi 8.500 millones de dólares en 2017 y los 1.000 millones de dólares de déficit de enero auguran una cifra en torno a los 10.000 millones de dólares o más para el 2018. Está claro que la política económica de la Argentina favorece la producción externa, de donde provienen los bienes o servicios que explican esos negativos datos y que aportan al balance del crecimiento macroeconómico.
Ni hablar del Consumo, que puede crecer por la compra de automotores, que no explica la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, especialmente la de menores ingresos. Incluso el boom de la construcción se asocia al repunte de financiamiento que no alcanza a la mayoría de necesitados de vivienda, sino a quienes tienen capacidad de pago de préstamos hipotecarios indexados, o a quienes mantienen una lógica de preservación patrimonial invirtiendo en ladrillos.
El consumo popular no progresa más allá de ciertos límites y lo que se despliega es el consumo suntuario o de sectores medios con ingresos suficientes, generosamente un 30 o 40% de la población.
La Inversión no es el fuerte de la burguesía local y por eso se pretende la de origen externo, demorada en los niveles necesarios para la reactivación de la actividad económica. Así y todo es el Estado el que invierte y la obra pública aparece asociada a desplegar una infraestructura para el aterrizaje de inversores externos que otorguen viabilidad al capitalismo local.
Pese a la realidad, el gobierno augura 20 años próximos de crecimiento de la economía local, sustentado en financiamiento externo, por lo menos hasta el 2021, tiempo de otro ciclo de gobierno, con Cambiemos u otra opción en la gestión. Un futuro cercano de hipoteca pública que se orienta en la recurrente dependencia financiera de la Argentina y la subordinación a la lógica de la especulación que domina el capitalismo contemporáneo.
La economía Argentina puede crecer, pero poco se discute de los beneficiarios del fenómeno, mucho menos de los perjudicados. El gobierno relata sus propósitos con una lógica difundida porlos principales medios de comunicación sobre que lo que se hace es lo único posible y lo normal para este tiempo.
Se trata de un tiempo de ofensiva del capital sobre el trabajo, la naturaleza y la sociedad, por eso las reformas previsionales y laborales, por ahora demorada a espera de condiciones adecuadas, sin perjuicio de tope a las paritarias y ajustes diversos sobre el precio de la fuerza de trabajo o el costo laboral de las empresas públicas y privadas.
Pero también un tiempo para la promoción de un modelo productivo de monocultivo, de agro negocio, con súper explotación minera o petrolera aún a costa del agua y los bienes comunes. La necesidad del capitalismo mundial con consecuencias depredadoras sobre el medio ambiente poco importa, mientras se genere riqueza para el gran capital y los inversores externos.
La promoción del consumismo es la forma de subordinar a la sociedad a la lógica del capital, por eso la subsunción es del trabajo en el capital, pero también de la naturaleza y de la sociedad.
Animarse a protagonizar
Es real que hay incertidumbre sobre el presente y el futuro. Muchos se muestran sorprendidos porque los pobres voten a los ricos y consensuen el ajuste propio y la concentración de riqueza y poder, cuando en realidad, el capitalismo moldea la democracia con intervenciones intelectuales mediadas por el accionar de la comunicación privatizada y monopólica.
Desde el poder se ejerce un discurso dispersado por los medios de comunicación, orientado a su público, minoritario, pero con capacidad de construir sentido común mayoritario.
Por eso el desafío apunta a construir nuevos imaginarios, alternativos, que acumulen fuerza ideológica y argumentada para otra sociedad sustentada en la satisfacción de las necesidades y no en la ganancia, la acumulación y el individualismo del sálvese quien pueda.
Nada de ello será posible sin construir sujetos colectivos conscientes detrás de un programa que proponga hacer algo distinto a lo conocido, basada en la solidaridad social que atienda insuficiencias de necesidades sociales pensando en los más afectados, en la pobreza estructural y no solo de ingresos.
Solo desde esa conciencia colectiva se puede organizar a la sociedad y disputar sentido común para construir otra realidad, transformando la actual de concentración y centralización de la riqueza y el poder.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2018

Ingresos populares y la “política” en el centro de la discusión


La inflación de enero según el INDEC alcanzó al 1,8%, o sea, un 25% anual, superando la cifra del 2017 y con un pronóstico similar para febrero y que se proyecta para todo el primer semestre que incluye aumentos programados de tarifas y la liberalización del precio de los combustibles, con un petróleo con precio internacional en ascenso. Además, los precios mayoristas escalaron 4,6%, agravando los pronósticos. Lo curioso es que se augura un segundo semestre de esperanza en la baja de los precios para sostener la expectativa favorable de la sociedad en el rumbo actual.
Como hemos sostenido en variadas ocasiones, la inflación de precios es un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, ya que solo suben precios los que pueden, sea el Estado cuando se trata de precios regulados, caso de las tarifas, o las empresas que deciden por su cuenta en un mercado solvente dispuesto a pagar esos valores. A los trabajadores activos y pasivos no les resulta sencillo imponer el precio de la fuerza de trabajo y mucho menos aumentarlo. Solo basta con el ejemplo de jubilados y jubiladas para notar que ahora recibirán un tercio del ajuste que debieran percibir, gracias a la nueva fórmula de actualización de haberes votada en el Parlamento por el oficialismo y parte de la oposición.
Libre mercado en los precios
Es la libertad de mercado dirían los ortodoxos de la economía, con un discurso que bien les cierra a los sectores hegemónicos y que converge con la política del gobierno.
Desde el gobierno se sostiene el objetivo de las metas de inflación definidas a fines de diciembre de un 15% de inflación para todo el 2018. Con la proyección del indicador de enero solo se puede inferir una presión en la política de ajuste fiscal como parte de la ofensiva del capital contra el trabajo.
El encierro gubernamental en Chapadmalal colocó el acento en la unificación tras la estrategia del ajuste para disminuir el déficit fiscal.
La estrategia oficial se extiende a la lógica gran empresaria contra los ingresos populares y a favor de la ganancia, algo a sostener en las negociaciones colectivas de trabajo.
Por eso, la variable de ajuste de la economía son los ingresos populares: los salarios, las jubilaciones y pensiones, los beneficios sociales, la política de ingresos y de seguridad social.
¿Es un tema nuevo? No, es histórico, precisamente luego de la crisis de los 70 cuando opera una tremenda ofensiva capitalista contra los derechos salariales, laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.
En efecto, en una larga tradición de luchas históricas, el movimiento social, especialmente de trabajadores y trabajadoras arrancó limitación a las horas de trabajo, mejoras en las condiciones salariales y de trabajo, con beneficios sociales extendidos y sustentados desde la legislación estatal.
Con la disminución de la tasa de rentabilidad a fines de los 60 y comienzos de los 70 se inició una ofensiva que continúa a escala planetaria para reducir derechos y conquistas sociales. Para el caso argentino el tema se verifica con la dictadura genocida, los 90 con explícitas políticas neoliberales y en la actualidad.
El consenso social está en disputa
La predica gubernamental y del empresariado hegemónico disputa consenso desde el accionar ideológico propagandístico de los principales medios de comunicación y sus comunicadores, periodistas, panelistas y voceros invitados, asociados a la difusión de un sentido común favorable al discurso del ajuste y en definitiva a la recomposición del orden capitalista.
Concentran la tarea en desprestigiar las iniciativas políticas que confrontan con el diagnóstico oficial y del poder y demandan otra distribución del ingreso y de la riqueza, que en estas horas s e concentra en la movilización del 21F.
Iniciada como un reclamo de camioneros por sus reivindicaciones escaló a una movilización de un amplio abanico sindical y social que articula a sectores de la CGT,  ambas CTA, la CTEP y otros movimientos sociales y populares, con pretensión de organizar el descontento y la protesta.
El eje de la crítica es a la política económica del gobierno Macri, lo que habilita una discusión sobre una perspectiva de organización económica con otros objetivos.
¿Es ello posible? Si, solo si se logra ganar el sentido común de la sociedad, por ejemplo, discutir el tipo de inversiones que el país requiere para superar el límite de la pobreza, el desempleo, la miseria y la insatisfacción social de necesidades múltiples.
El asunto es que en el discurso oficial se sostiene la necesidad de lograr inversiones con el destino que los inversores decidan, sea para ampliar el parque automotor u obras de infraestructura para sostener un modelo productivo y de desarrollo para favorecer la ganancia y la acumulación de capitales.
Como no se quiere discutir el rumbo de las inversiones ni la política económica se embarra la cancha. Ayuda en este sentido la corrupción en ámbitos sindicales y sociales, claro que se tapa la propia corrupción gubernamental, con cuentas en el exterior y fuga de capitales de parte de funcionarios. Evasión fiscal y connivencia familiar y empresarial.
Desde esas denuncias contra la corrupción se pone en duda al conjunto de las luchas sociales, incluso denostando las demandas de los más empobrecidos.
La “política” está en discusión
En definitiva, se discuten estrategias e iniciativa política. Queda clara la orientación oficial y de un sector de la oposición que converge, con matices, con las demandas del sector económico hegemónico local y global.
Por su parte, en el amplio arco opositor el debate estratégico es diverso y limita las posibilidades de unificación más allá de los reclamos reivindicativos inmediatos, eje de la unidad del 21F.
Las diferentes estrategias están en juego en la disputa del consenso de la sociedad, entre los que destaca la propuesta por volver a la lógica de gobierno de las administraciones kirchneristas y un polo visible de una parte de la izquierda partidaria. Entre esos proyectos existen innumerables organizaciones y propuestas que buscan articular un posicionamiento que organice las aspiraciones por otro orden social.
Estas estrategias, o parte sustancial de ellas comparten la movilización y reivindicaciones del 21F, pero recelan de un camino en común más allá de la protesta y demanda inmediata, lo que supone habilitar espacio para la hegemonía que disputa el macrismo, por ahora en el ámbito electoral y con pretensión de extenderse como nueva propuesta de dirección del orden político en la Argentina, coincidente con una lógica similar en otros países de la región y del mundo.
La renovación del sistema de partidos, o de la democracia en el capitalismo, con empresarios o representantes directos a la cabeza de los gobiernos remite a la crisis de la representación o de la política, lo que demanda creatividad para resolver el problema para quienes sustentan una posición por otro orden social posible, contra y más allá del régimen del capital.
Por eso sostenemos que las discusiones actuales transitan el camino de la unidad en acción en lo inmediato y un proceso de más larga duración por el rumbo de la “política” para darle carnadura a un proyecto social con perspectiva por la emancipación social.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2018



Favorecer la ganancia y afectar los salarios en el eje de la política económica del gobierno Macri


El gobierno tomó deuda pública esta semana, ofreciendo bonos a un año con un rendimiento del 22,5%, o la inflación más el 3,75%, lo que sea mejor para el inversor. Son los inversores los privilegiados.
Al mismo tiempo aspira a colocar un tope del 15% a las negociaciones salariales y cuando mucho, habilitar una futura negociación consensuada por patrones y sindicatos si la inflación resultara mayor. No hay intención de ajuste automático al alza, sino que otorgaría la posibilidad de una nueva negociación. Todo dicho en potencial.
Queda claro que existen dos varas muy diferentes para considerar los ingresos de la población. Una generosa para satisfacer al inversor capitalista, otra restrictiva para atender las demandas de actualización salarial de los trabajadores. En la regresiva distribución de ingreso está el destino económico en la Argentina.
Es un tema preocupante, cuando todo indica que el alza de los precios para este año se proyecta de manera similar a la del 2017, y sabemos que la inflación es un mecanismo regresivo de distribución del ingreso.
Se consolida así la vara diferenciada utilizada en la distribución del ingreso para afirmar polos pequeños de riqueza y abundancia de pobreza.
Un horizonte de conflictos y represión
Aparece claramente un horizonte de conflictividad creciente, verificado en el paro bancario en la previa del feriado por carnaval y las movilizaciones del 15F y del 21F promovidas en unidad por movimientos sociales y centrales sindicales, como parte de un plan de acción que puede derivar en la convocatoria a un paro nacional a corto plazo.
En torno al conflicto se juega la disputa del sentido común en la sociedad, ya que no solo interviene la lógica económica, de bolsillo, en el humor político de la sociedad.
Por eso, en el discurso oficial se insiste con una lógica argumental contra el “sindicalismo”, englobando a todas las organizaciones sindicales en el fenómeno de la corrupción y las prácticas clientelares, tanto como denigrando el trabajo social y político entre los más empobrecidos.
Resulta más una crítica a los pobres que una sostenida política contra la pobreza, exacerbada con la intencionalidad mayoritaria favorable al gobierno en los medios masivos de comunicación. En ese plano se inscribe la nueva política de combate del delito abonando un clima social cultural por la represión.
Insisto en el discurso oficial porque hace al consenso social en disputa, aun cuando las condiciones de vida sean cada vez más desfavorables para la mayoría de la población de menores ingresos.
También desafía la cuestión a quienes bregan por un nuevo modelo de organización sindical y social, para reorientar prácticas y propuestas desde una radicalización democrática y construir nuevas subjetividades que interpelen a la sociedad para un nuevo rumbo de la economía y la política, que abandone la subordinación del funcionamiento de la economía con base en mayor endeudamiento público.
Crece la deuda pública y subsiste la especulación
Los bonos colocados por el Ministerio de Finanzas fueron en pesos y por el equivalente de 3.500 millones de dólares, más una renovación de Letras del Tesoro por 1.000 millones de dólares.
En total suman 4.500 millones de dólares que se adicionan a los 9,000 millones de dólares emitidos en enero pasado, Son nuevos 13.500 millones de dólares en los dos primeros meses del año.
La previsión para todo el 2018 alcanza a los 30.000 millones de dólares. Una verdadera hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, máxime cuando la expectativa es de crecimiento de las tasas internacionales de interés.
Ese previsible aumento de las tasas internacionales empujado por EEUU es lo que explica en estos días el derrumbe de las bolsas en el mundo, con epicentro en Nueva York, lo que acarrea consecuencias sobre todos los países, obviamente también sobre la economía argentina y regional.
Las consecuencias se perciben en la suba de la divisa, ya en torno de los 20 pesos por dólar, lo que supone una devaluación que afecta la capacidad de compra de los sectores mayoritarios del país, los que menos ingresos perciben.
Entre los especuladores se resuelve la incógnita cambiando acciones por dólares u otras monedas; vendiendo Letras del Banco Central y comprando bonos del tesoro; pero el problema es para la mayoría de la sociedad, la que vive de la venta de su fuerza de trabajo o aquellos que producen o comercian con los que perciben ingresos fijos.
Canalizar la protesta
Los trabajadores o trabajadoras se aferran a sus puestos de trabajo ante el temor del despido, presionando a una lógica defensiva que facilita la irregularidad en el empleo.
Es un fenómeno con consecuencias directas sobre productores y empresarios pequeños y medianos que orientan la producción o el comercio en este sector de bajos ingresos.
Ambos sectores se empobrecen y necesitan canalizar su descontento, lo que exige atractivas iniciativas de organización y de unidad en confrontación de la política hegemónica, algo que puede percibirse en la articulación detrás del 15F y del 21F.
Queda clara la iniciativa política del gobierno y las clases dominantes, que solo puede contrarrestarse con otras iniciativas en sentido inverso.
La incógnita es que iniciativa se impone, la del poder económico y político en aumentos de precios (entre ellos el dólar), tarifas y deuda pública, o la protesta social organizada hacia otro rumbo económico para favorecer necesidades sociales.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2018

Crecen los precios y pretenden disminuir salarios

A fines de diciembre del 2017 el Gobierno de Macri anunció el cambio de las metas de inflación, del 10 al 15% para todo el 2018, al tiempo que promovió una baja de las tasas de interés que paga el BCRA por las LEBAC, de casi 29% a menos del 27%, logrando una disparada del dólar que se acerca a los 20 pesos por dólar.
En rigor, el movimiento inverso entre tasas y cotización de las divisas remite al carácter especulativo de la economía local y aleja cualquier posibilidad u optimismo para pensar en el crédito como instrumento para el crecimiento productivo.
La medida adoptada por el Gobierno era un aliento a la liberalización de los precios, entre ellos el del dólar. Estos incrementados precios se descargan sobre la sociedad y en beneficio de los que perciben esas facturas aumentadas, sean de transporte, energía, telefonía, medicina pre paga, combustibles o peajes, entre muchos otros.
De hecho, este comienzo del año inició una serie de aumentos de precios que se proyectan por lo menos hasta junio, arrastrando una espiral inflacionaria que pone en discusión los pronósticos oficiales.
¿A cuánto ascenderá la inflación de enero y cuanto arrastra hacia febrero?
No resulta sencillo responder el interrogante, cuando sospechamos que la inflación anualizada desde Febrero 2017 a Enero 2018 supera a la del año pasado y con disminución de los ingresos de la mayoría de la sociedad.
Es más, con apoyo político y legislativo de parte de la oposición ya se generaron condiciones para reducir ingresos de jubiladas, jubilados y otros perceptores de planes sociales, estimados en 100.000 millones de pesos.
Ahora pretenden frenar la demanda salarial, empezando por anular la paritaria nacional de los docentes, que siempre actuó como disparador de las negociaciones ante la inminencia del inicio de las clases.
Para eso lo necesitan al Ministro de Trabajo, aún con el papelón incurrido por sostener como patrón el carácter irregular de una empleada familiar y además localizarla arbitrariamente en una intervención sindical.
El papel del Ministro apunta a contener la demanda de actualización salarial y el Gobierno confía en los lazos desarrollados con sectores funcionales del sindicalismo a esa negociación con las patronales y el Gobierno.
Claro que no resulta sencillo disciplinar al movimiento sindical y social, menos luego de las movilizaciones en diciembre y el impacto generado en buena parte de la población, incluso votantes y adherentes ideológicamente del rumbo gubernamental.
La pérdida de consenso se verifica en algunos editoriales y columnistas de medios altamente favorables al rumbo y orientación del PRO y Cambiemos, que imaginan un cambio de personas para sostener la misma política de distribución regresiva del ingreso.
Protesta y conflicto en ciernes
Esta situación inflacionaria se monta en una coyuntura donde los despidos están al orden del día, con información oficial de crecimiento del empleo de menor calidad y con escaso impacto en el empleo privado, regular y del sector industrial.
Diverso es el clima social, con consensos a la política oficial aun cuando afecta la economía a la mayoría de la sociedad, perceptora de ingresos fijos por salarios o beneficios sociales.
El descontento crece y existe un activo social organizado que pretende expresar públicamente la protesta, y ya se anuncia una próxima movilización encabezada por sectores de la CGT, las CTA y otros varios movimientos sociales.
La discusión incluye cómo seguir, lo que supone un horizonte de paro nacional y de conflicto extendido ante la persistencia de una política de ajuste regresivo contra los salarios y los ingresos populares.
Desde el FMI se demanda explícitamente que para superar la situación de la Argentina en materia de inflación se requiere contener la demanda salarial, en una orientación para morigerar la demanda de actualización de salarios, que pueda sustentar el atractivo de los inversores y sus esperadas ganancias.
La evolución de la economía augura conflictividad social creciente, porque aún las noticias de record en la venta de automotores en enero del 2018 suponen un acrecentamiento del déficit comercial por importación de autopartes y unidades producidas en el exterior. El déficit comercial escalará a 10.000 millones de dólares en 2018, contra los 8.500 millones del 2017.
Ese déficit, sumado al fiscal se paga con mayor endeudamiento que supone un crecimiento de los intereses a pagar y que afectan otros rubros del gasto, condenando a un recurrente ajuste fiscal vía achicamiento del gasto social.
Como siempre sostenemos, la incógnita política es cual presión pesará más, la del ajuste o la protesta y la movilización social para otro modelo productivo y de desarrollo con otros beneficiarios y perjudicados.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2018

Despidos y ajuste para atraer inversores

Los despidos crecen, en el INTI, en los Yacimientos de Carbón, en el Hospital Posadas, entre los más mencionados; acompañado con cierres de empresas.
Son situaciones que generan incertidumbre en miles de familias de trabajadores y trabajadoras.
Al mismo tiempo, el Presidente y sus Ministros declaran en Moscú, Davos o París que todo funciona viento en popa y con gran futuro.
¿Cuál de las dos realidades expresa el funcionamiento de la economía?
La primera, despidos y cierres, es expresión del ajuste del capital contra el trabajo, algo que está detrás de la segunda, el discurso optimista del gobierno y del poder económico.
Por ende, no son dos realidades, sino dos caras de la misma moneda.
Macri necesita atraer inversores externos y para eso muestra el ajuste desde sus políticas, que necesitan del “gradualismo” para que la sociedad lo soporte, al tiempo que otorga señales de la reestructuración empresarial en curso.
Esta reestructuración opera tanto en el capital privado como en el público, el que se lleva adelante desde el área de “modernización”, crecientemente asociado al achique, el ajuste o los despidos.
Todo bajo un discurso moderno, de eficiencia, que encubre la necesidad de bajar el salario para reducir los costos de producción y mejorar la ganancia.
En ese sentido opera la cotización del dólar, la suba de las tarifas y las pretendidas restricciones a la actualización salarial. ¿Por qué?
Cotización en alza
El dólar alto es demandado por grandes empresarios, productores y exportadores, del campo y la ciudad, que si no subía la cotización seguían guardando sus cosechas, especulando con el precio y así demoran las ventas externas y reducen el ingreso de divisas al país.
Se genera así una situación que agrava un déficit comercial de 8.500 millones de dólares para el 2017 y unos 10.000 millones previstos para este 2018. En el horizonte supone más endeudamiento para cancelar ese déficit externo.
Además, un dólar más alto está asociado a la baja de tasas de interés que promueve el cambio de las metas de inflación dispuesto a fines de diciembre pasado. Especuladores contentos pueden ahora apostar sus capitales al dólar, a las tasas o a bonos y acciones.
El accionar especulativo continúa definiendo el rumbo económico de la Argentina, especialmente con un Estado Nacional que juega su destino con el endeudamiento externo.
Tarifas exigidas por las empresas privatizadas
Las tarifas tienen que aumentar, así lo exigen las empresas y es el programa a seguir desde la asunción de Macri a fines del 2015. La idea es que sean equivalentes a un precio de mercado, que es monopólico por cierto.
Quien no pueda pagar perderá el servicio, es la norma del mercado que se define contra el derecho al agua, la luz, la electricidad, la energía, el transporte, la salud, la educación, etc.
La definición gubernamental, con consenso electoral y complicidad de los poderes del Estado, legislativo y judicial, apunta a la mercantilización de la cotidianeidad, algo contradictorio con una concepción de derechos.
Salarios en baja
Para completar la ecuación se requieren salarios en baja, algo que con todas las letras demanda el FMI en sus comentarios relativos al futuro de la Argentina.
Dicen textualmente en el Fondo: “La inflación seguiría retrocediendo, suponiendo que haya una moderación salarial.”[1]
No hay dudas que el poder económico requiere de la baja salarial y para ello pretende disciplinar al movimiento obrero, que en diciembre pasado, como en marzo, pudo evidenciar la fortísima capacidad movilizadora y de protesta modificando el escenario de la política.
Si luego de las elecciones de octubre, el gobierno confiaba en regresivas reformas previsionales y laborales, a costa de un importante descrédito avanzó contra las jubilaciones a fines de diciembre.
Luego postergó para febrero el tratamiento de la ley laboral y ahora morigera el ritmo reformista para avanzar con algunos cambios y en modo “gradual” tratar de cumplir con el objetivo, no solo afectando ingresos laborales, sino capacidad de acción sociopolítica de organizaciones sindicales y territoriales de trabajadores y trabajadoras.
Macri en Moscú, Davos y París
Toda esta realidad es la que Macri presentó con escaso éxito en Moscú, Davos o París.
Fue festejado por grandes empresarios, los organismos internacionales y saludados por sus colegas del capitalismo desarrollado, pero con escasas “efectividades conducentes”.
Resulta que los inversores necesitan confirmar el diagnóstico, especialmente esperando la derrota del movimiento obrero y popular, algo que aún está en veremos.
La inversión inicia el ciclo del capital
El capitalismo funciona con base en inversiones, que el Estado está imposibilitado de encarar y el capital local es huidizo al riesgo, acostumbrado al subsidio y al sostén estatal.
Solo queda el capital externo, ruso, francés o global, que elige sus destinos con base en ganancias seguras y con libre disponibilidad de movimiento.
Por eso no sorprende que Macron, el gobernante francés interponga el interés nacional a la presión ideológica de Macri por avanzar con los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur.
El presidente argentino sostiene un discurso ideológico a favor del libre comercio y el colega francés le dice “primero Francia”. Es el mismo lenguaje de Donald Trump: “First América”.
Dirían en el barrio que Macri es más papista que el Papa y es cierto, ni EEUU, ni Francia, ni la Unión Europea, ni ningún país con pretensión o realidad hegemónica subordina el discurso del libre cambio a la realidad del capitalismo y la dominación.
Claro que también, junto a la voluntad “gradual” de reaccionarias reformas, existe la iniciativa política popular asentada en el descontento y una creciente protesta popular, que puede ser masiva como en diciembre y modificar el ritmo del accionar político del gobierno o del ajuste pretendido por el gran capital: los ansiados y esperados inversores.
 Buenos Aires, 27 de enero de 2018



[1] Alejandro Werner. América Latina y el Caribe en 2018: Recuperación económica en ciernes.  Blog del FMI, en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8634 (consultado el 27/01/2018)