El FMI favorece la asistencia financiera Argentina


Christine Lagarde confirmó el apoyo del FMI al pedido de asistencia financiera realizado por el Gobierno de la Argentina. Es más, estudian en el Directorio del FMI la forma de otorgar más recursos de los que corresponderían por la cuota asignada por el país al organismo internacional.
El acceso a un stand-by o préstamo condicionado acercaría unos 20.000 millones de dólares, escaso según la manifiesta demanda del gobierno Macri. Se necesita por lo menos el doble, o algo más, entre 40.000 y 50.000 millones de dólares para atender las necesidades hasta el fin del mandato de Mauricio Macri.
De ese modo, se establecerían de común acuerdo las condiciones del gigantesco respaldo del FMI ante las “turbulencias” tal como definió el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a la corrida cambiaria de las primeras semanas de mayo.
Para intentar contener la corrida, o las “turbulencias”, el BCRA sigue ofreciendo a la venta 5.000 millones de dólares a $25 por dólar. Pese a ello, la semana cerró con un dólar a $25,11; por encima del techo impuesto por Federico Sturzenegger.
Dijo la Directora Gerente del FMI que “trasmitió al Directorio Ejecutivo del FMI el acuerdo de acceso excepcional que sustentaría su programa económico, integralmente concebido por el Presidente Mauricio Macri y su gobierno”.[1]
Queda claro entonces que el programa no lo establece el FMI, sino el Gobierno argentino, y que será monitoreado por el Organismo Internacional. Hemos sostenido esta tesis respecto a que es el gobierno argentino el que empuja el “ajuste y las reformas estructurales”, y en todo caso, el FMI sustenta y avala, al tiempo que controlará que se cumpla.
Por ello, sin perjuicio de un primer desembolso una vez suscripto el acuerdo, el resto de los recursos serán liberados a medida que se muestren los cumplimientos de la disminución del déficit fiscal.
Traducido: ajustar primero y luego el Fondo desembolsará los recursos hasta completar la asistencia financiera. Eso favorecerá el discurso oficial de que el ajuste y las reformas son para cumplir los acuerdos.
Por boca del propio FMI nos informamos (en la nota citada) que se continúa con objetivos de un crecimiento de la economía, “fuerte, sostenido e inclusivo” con “creación de empleo”; “restablecimiento de la confianza de los mercados”, con “reducción de la deuda” y “la protección de los estratos sociales más vulnerables”. Son objetivos que el FMI “comparte y respalda”.
¿Son objetivos cumplibles?
Difícilmente se cumplan esos propósitos. El propio Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne destacó hace días que la perspectiva luego de las “turbulencias” son para el presente año de baja del PBI respecto de los objetivos previos de crecimiento y de aumento de la inflación prevista en las metas oficiales.
Ambos aspectos afectan a los sectores de menores ingresos, con impacto en el empleo y la capacidad de satisfacer vía consumo las necesidades cotidianas de la población empobrecida.
No podrán cumplirse los objetivos enunciados y en los que cree el FMI, a contramano de la realidad resultante de un dólar a $25 (vaya a saberse hasta cuándo); una tasa de interés de referencia del 40% que se duplica en el circuito comercial bancario para pequeñas y medianas empresas; junto a una transferencia de Reservas Internacionales, en un mes, por 8.226 millones de dólares desde el BCRA a las cuentas bancarias de los inversores especulativos, protagonistas de la corrida cambiaria.
¿Restablecer confianza de los mercados?
Dudoso, salvo que logre el gobierno Macri disciplinar el conflicto social azuzado por aumento de tarifas y crecimiento de los precios de la canasta de consumo cotidiano, y al mismo tiempo avance con su pretendida reforma laboral a favor de las ganancias de los inversores, lo que supone contener la protesta sindical.
¿Bajar la deuda?
Lo más probable es que los recursos liberados por el FMI fortalezcan los mecanismos de fuga de capitales, salvo que se profundice la devaluación (incógnita sobre la evolución del tipo de cambio) para licuar el gasto público en pesos, restituir competitividad a las exportaciones y favorecer la disminución del déficit fiscal y del comercial.
¿Protección de los más vulnerables?
Es la misma quimera de la baja de la pobreza prometida en el comienzo de la gestión Macri.
Lamentablemente, el saldo de la corrida generó ganadores ideológicos en el campo de los promotores del ajuste y la regresiva reestructuración de la economía local, acompañado de beneficiados muy concretos.
Dijo Guillermo Dietrich, el Ministro de Transporte: "En Iguazú están felices con el tipo de cambio. No entiendo -me decían- por qué se preocupan, para nosotros es lo mejor que nos puede pasar en el mundo, van a venir más paraguayos, más brasileños, más personas de todas partes del mundo"[2] Agrega la nota que "hay una parte de la economía, la que exporta bienes y servicios como es el turismo, o bienes como los autos o el agro a la que claramente un dólar más competitivo lo beneficia".
En boca del Ministro queda en evidencia quienes son los que se benefician con las medidas adoptadas en estos días.
Solo restaría confrontar esas declaraciones con el conjunto de perjudicados por las medidas de política económica, las que inducen una gigantesca transferencia de recursos desde la mayoría de la sociedad hacia exportadores y especuladores.
Recrear objetivos por la liberación
Próximos al 25 de Mayo, cuando en la Argentina se recupera la gesta por la revolución anticolonial, bien vale pensar en las nuevas formas que asume la colonialidad del poder en tiempos de dominación transnacional e imperialista.
Situación materializada en organismos internacionales como el FMI, invitado regular a las sesiones del G20, que ahora coordina el gobierno de Macri y que recibirá en la “semana de mayo” a los cancilleres de ese cónclave de la dominación mundial que pretende reafirmar el estatuto colonial y dependiente.
La reunión de los cancilleres es preparatoria del cónclave presidencial de fines de año y por eso no sorprende que esos mismos Jefes de Estado avalen la operatoria en negociación con el FMI. El Presidente de EEUU tuiteó a favor de Macri, su gobierno y su rumbo económico, con evidente señal de quien define en el organismo financiero.
Será quizá momento de reflexión sobre el programa de Mayo de 1810 y la recreación de un proyecto por la liberación, que ya no solo requiere del anticolonialismo, sino del antiimperialismo y el anticapitalismo.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2018


[1] María Iglesias. El Cronista, viernes 18/5/2018, en:  https://www.cronista.com/economiapolitica/Giro-en-el-pedido-al-FMI-la-Argentina-negociara-un-prestamo-stand-by-excepcional-20180518-0081.html Copyright © www.cronista.com (consultado el 18/5/18)
[2] Dietrich: "En Iguazú están felices con este tipo de cambio". Ambito, viernes 18/5/2018, en: http://www.ambito.com/921750-dietrich-en-iguazu-estan-felices-con-este-tipo-de-cambio (consultado el 18/5/2018)

El ajuste y las reformas estructurales bajo dos presiones


El dólar cotiza a $24 y nadie sabe cuál es el límite en el corto plazo, con especulaciones que lo llevan a 30, 40, o más pesos por dólar.
Cierto razonamiento señala que luego de la convertibilidad la divisa pasó de $1 a $4, por lo que ahora, los 20 pesos por dólar antes de la corrida podrían ser 80 pesos por dólar, y así equiparar aquel proceso de devaluación.
Los próximos días podrían sorprendernos al respecto, máxime si entre las condicionalidades del FMI se sostuviera un mayor nivel de corrección cambiaria para hacer competitivas las exportaciones locales y modificar el saldo negativo del comercio internacional, proyectado en torno a los 11.000 millones de dólares para el 2018.
Más allá de la cotización de la divisa, el BCRA estuvo vendiendo dólares “baratos”, sostienen en el mercado, para evitar el alza desmedida en la cotización. Ha sido poco eficiente la medida, máxime cuando se verifica una pérdida de reservas de casi 9.000 millones de dólares entre el máximo acumulado el 11 de enero y el 9 de mayo, de 63.906 millones de dólares a 55.196 millones según el sitio en internet del BCRA.
Resulta interesante constatar que a comienzos de enero la Argentina toma deuda externa pública por 9.000 millones de dólares, los que ingresaron al BCRA y sirvieron en este periodo para financiar la especulación cambiaria y elevando, por ende, la necesidad de financiamiento estructural a la que debía servir ese y otros préstamos asumidos por el gobierno en lo que va del año.
Por eso no alcanzan con los 9.000 millones de deuda de enero, que eran parte de unos 30.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento externo según afirmó oportunamente el Ministro de Finanzas.
¿Cuántos dólares necesita la Argentina para hacer sustentable la política económica del macrismo?
Los déficit son varios y se anotan más de 10.000 millones de dólares por déficit comercial y otro tanto por saldo negativo de turismo exterior, más cifra similar por remesas de utilidades al exterior.
A ello debe sumarse la dolarización del excedente, lo que se manifiesta como demanda de dólares por inversores de diverso tamaño, estimado en 20.000 millones anuales.
Todo suma por lo menos 50.000 millones de dólares. Al parecer, el mercado mundial vuelve a cerrarse para la Argentina, con base en el temor del impago de los compromisos externos. La solución de última instancia es el FMI, donde la decisión de sostenimiento financiero requiere de una faceta técnica y otra política.
La primera la procesan los funcionarios del FMI, que anticipan fuertes presiones para bajar el déficit fiscal y avanzar en reformas estructurales, básicamente las reaccionarias reformas laborales (a lo Brasil) y previsional (aumento de la edad de jubilaciones y achatamiento mayor de la pirámide de ingresos previsionales).
En el plano de la política pesan los accionistas del FMI, especialmente EEUU que tiene el paquete mayoritario en las decisiones en el Directorio. Desde el Tesoro estadounidense ya dieron el acuerdo y se espera una conversación entre Macri y Trump que el gobierno argentino descuenta favorable. En el mismo sentido se inscriben las conversaciones amigables con Christine Lagarde, Mariano Rajoy y otros jefes de Estado.
Se especula con la economía y también con la política. Resulta impensable para el empresario gobernante con política liberalizadora y profesión de fe por el capitalismo, a cargo de la coordinación del G20, un rechazo de la asistencia financiera del organismo rector de las finanzas globales. Resulta una especulación por afinidad ideológica.
Como el FMI no alcanza, las gestiones se extienden a otros organismos del sistema mundial, con la pretensión de obtener un blindaje que actúe ante eventuales corridas más allá de la actual.
La economía argentina tiene ciertos problemas estructurales que la hacen inviable sin el ingreso de capitales.
De un lado, los inversores productivos presionan ante esa necesidad para reducir el costo de producción y disciplinar el conflicto social, una tradición local derivada de la histórica organización social y popular de la Argentina, en muchos casos evidenciada en legislación laboral y social sustentando derechos.
Por su parte, los prestamistas se entusiasmaron con el arreglo con los buitres y otros mecanismos de liberalización en la circulación de capitales y liberaron recursos a tasa de interés más alta que otras colocaciones en el mundo. Incluso prestaron 2.750 millones de dólares al 7,91% y a 100 años.
Esa voluntad de crédito se frenó con el correr del presente año ante las dificultades de cumplir con los compromisos financieros y muy especialmente ante los límites que el macrismo ofrece para el logro estratégico demandado por reducir el costo laboral y disciplinar al movimiento sindical y social.
Imaginarios en danza y presión de pinza
La presión por la devaluación existe desde los grandes exportadores, pero también existe pensamiento profesional de consultores al respecto y muy probable sea contenida como sugerencia entre las propuestas en negociación con el FMI.
En cierto imaginario intelectual, la devaluación supone comienzo de la recuperación económica, algo verificado recientemente entre 2002 y 2007, e incluso sostenido en el tiempo. Devaluaciones importantes ocurrieron en enero del 2014 y al comienzo del gobierno Macri a fines del 2015.
Aun así, el otro supuesto importante que fue condición de posibilidad del crecimiento desde 2002 fue la suspensión de los pagos de la deuda entre fines del 2001 y hasta la renegociación del 2005, del 2010 y el acuerdo con los buitres en el 2016.
Más de uno piensa en ambas medidas en la coyuntura: suspensión transitoria de pagos y mega devaluación. Todo para lograr competitividad del capitalismo local y reanimación económica sin modificar el modelo productivo y de desarrollo, lo que llevaría en un tiempo corto a nuevos problemas de sustentabilidad.
Claro que la suspensión de pagos es imposible de pensar bajo el macrismo y la hegemonía parlamentaria actual, mientras que la devaluación exacerbada es siempre un escenario posible para la hegemonía económica y política en la Argentina contemporánea.
Lo real es una doble presión ejercida para el ajuste y las reformas estructurales. De un lado el gobierno, aun cuando viste su discurso de gradualismo. Por otro lado, los empresarios más concentrados, especialmente aquellos con disposición a invertir en infraestructura, energía, comunicaciones, la industria automotriz y otros sectores estratégicos definidos desde el gobierno y el capital transnacional.
El FMI cristalizaría esa presión avalando una profundización del ajuste y las reaccionarias reformas estructurales. Desde el poder mundial se presiona con el organismo internacional intentando superar la aversión social de la población por los históricos resultados regresivos de la intervención del FMI en la Argentina y otras partes del mundo.
La gran incógnita es la respuesta popular, no ya por los anuncios o sugerencias anticipadas, sino a partir de la aplicación de las medidas luego del acuerdo del gobierno Macri con el FMI.
Una cosa fue hablar del aumento de tarifas y otra muy distinta cuando empezaron a llegar las facturas de los servicios públicos.  La reforma previsional solo pudo discontinuar la fórmula de actualización de ingresos y ante la protesta social se contuvo en continuar con otros objetivos más profundos y reaccionarios, tanto como postergar la mentada reforma laboral.
El efecto inmediato resulta en encarecimiento de la vida cotidiana, lo que genera mal humor social, que puede escalar en protesta, organización y movilización por un cambio, no en el sentido pensado por el marketing gubernamental. Ello juega, claro está en la perspectiva de renovación política del 2019 y en las posibilidades de pensar en construcción política de contenido alterativo.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2018


La pulseada la ganó el ajuste


La semana transcurrió con el vértigo de la suba del dólar, que llegó a 23,30 pesos por dólar y parecía que no tenía techo. Cerró la semana a $22,30 y nadie sabe cómo evolucionará, si a la baja o nuevamente al alza.
El tema venía de antes, ya que en diciembre el dólar cotizaba a $17,50, consolidando una devaluación desde entonces a la actualidad del 27%, que afecta a la mayoría de la sociedad que percibe ingresos fijos, quienes como perdedores no pueden intervenir en la fijación de los precios de la economía.
Se trata de una variación coherente con la inflación futura que induce la evolución de precios, cercana al 10% para el primer cuatrimestre del 2018 y que anualizada puede igualar a la del 2017.
El nuevo precio del dólar anticipa un traslado seguro a precios para consolidar una inflación que rondará entre 20 y 25% para todo el año, aun cuando el gobierno perjure el mantenimiento de la pauta del 15%.
Mientras tanto, las negociaciones por actualización salarial se sostienen en el techo del 15%, caso emblemático con los docentes.
Para calmar la “corrida” de los especuladores el BCRA liquidó más de 7.600 millones de dólares en dos meses, con un día pico de 1.500 millones de dólares.
Ese dinero se acreditó en cuentas concretas, lo que demuestra el destino de las reservas internacionales, que bien podría servir para desarrollos productivos sin necesidad de los inversores externos (que nunca llegan), lo que habilitaría otro debate, relativo a cual debiera ser el perfil productivo de la Argentina. Dejemos ese tema para otro momento.
Junto con la corrida destaquemos que el gobierno presentó su plan parcial de reforma laboral y desbarató la movida parlamentaria para frenar el tarifazo.
Dos por uno en la jerga cotidiana, ya que la reforma laboral incluyendo el tema indemnizaciones y fondo para despidos avanza en la disminución del costo laboral y quita de derechos; y con el tarifazo traslada a los usuarios (la sociedad) el costo del servicio público privatizado.
En el dos por uno se expresa el ajuste y la pulseada ganada por la derecha y el establishment.
Ajuste gradual o shock
Desde el gobierno se argumentaba que la política económica era de “ajuste gradual” y desde el “mercado”, es decir, los grandes capitales y sus voceros pedían shock de ajuste.
Bueno, eso es lo que anunciaron Dujovne y Caputo el viernes 4/5 al señalar que se baja la pauta de déficit fiscal y nada menos que una reducción de $30.000 millones en obra pública, lo que supone menos ingresos salariales y despachos de materiales entre otros aspectos.
Todo apunta al enfriamiento de la economía, justo cuando el INDEC anunciaba datos de un crecimiento demorado luego de la fuerte caída del 2016 y el escaso repunte del 2017. Eso induce a pensar en dificultades sociales en materia de empleo e ingreso de la mayoría de la sociedad.
Por si fuera poco, la tasa de interés de referencia establecida por el BCRA escaló a 40%, cuando en medio de la corrida había sido colocada en 33% y hace una semana estaba en 27,25%, todo para mantener a los inversores en activos financieros, especialmente LEBAC, las que ayer cotizaban en el mercado secundario a 35%.
Los tenedores externos de LEBAC vendían sus títulos porque desde el lunes 7/5 debían pagar impuesto a renta financiera por esas ganancias, por lo que ahora se los estimula con una suba de tasas que compensa la perdida por el impuesto. Los especuladores contentos, aunque habrá que ver si renuevan los 670.000 millones de pesos en el próximo vencimiento del 16/5.
Todos los anuncios confluyen en la profundización del AJUSTE, haciendo eco de la demanda del “mercado”, que sin eufemismo son los grandes capitales hegemónicos en la economía local, con sus voceros en consultoras privadas y en los medios de comunicación, caso de Melconian o Espert, por mencionar algunos de los mediáticos.
Lo que el mercado espera es el shock de ajuste, con menor gasto público, en empleo y salarios estatales, pero también en la reducción del costo laboral para favorecer inversiones y ganancias del sector privado.
El problema sigue estando en el límite al ajuste que ofrezca la sociedad afectada, que aun con conflictividad visible no tiene aún el volumen necesario para frenar la ofensiva ajustadora, y menos, reorientar el sentido de la política económica para favorecer intereses y necesidades de la mayoría empobrecida.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2018

Un nuevo avance contra los derechos laborales


Como si fuera una broma pesada, en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, el gobierno de Macri presentó al Parlamento, de manera parcial, su proyecto de reforma laboral.
Incluyen para el debate: el llamado blanqueo contra la irregularidad en el empleo, que involucra entre 35 y 40% de la población trabajadora; los temas relativos a pasantías y capacitación profesional para jóvenes; asuntos relativos a la salud y los servicios médicos que afecta a la seguridad social; y el caliente tema de las indemnizaciones por despido excluyendo el aguinaldo y otros ingresos percibidos, tanto como la creación de un Fondo de Cesantías del que surgirían en el futuro las menguadas compensaciones por despido.
Resulta muy grave el tema indemnizatorio, con la pretensión de excluir de su cálculo desde el aguinaldo a premios y beneficios acordados entre empresarios y trabajadores. Quieren disminuir el costo por despido. Para aquellos empresarios que se acojan al blanqueo se les extingue la acción penal y se los libera de multas y sanciones de todo tipo, sacándolos de todo registro de incumplidores de la legislación laboral y de seguridad social. Claro que el trabajador deberá resignar todos sus derechos de litigar contra la impunidad empresaria.
El argumento oficial es que en esta ocasión se tratarán aspectos consensuados oportunamente con la dirigencia sindical. Vale aclarar que remiten a aquellos invitados al diálogo, especialmente la cúpula de la CGT, excluyendo a las CTAs y otras organizaciones sindicales no alineadas en centrales, y ni hablar de los movimientos sociales o territoriales que agrupan a los principales perjudicados por la irregularidad derivada de la impunidad empresaria.
Aun así, prácticamente todo el arco sindical y de movimientos sociales indicaron no acordar con criterios que disminuyen ingresos, especialmente relativos a proyecciones sobre las indemnizaciones que afectan ingresos de los despedidos.
Nadie duda que la iniciativa pretenda un nuevo intento por consolidar la ofensiva contra los derechos históricamente conquistados por la lucha de las trabajadoras y los trabajadores.
El gobierno trata de intervenir en una lógica integral de reducción de salarios y baja del costo laboral para beneficio de la ganancia empresaria, por lo que se pretende afectar el monto de las indemnizaciones por despidos. Parte de la estrategia apunta a la súper-explotación de jóvenes entre 18 y 24 años, bajo el régimen de pasantía por un año para la formación, especulando con la necesidad de empleo de los más jóvenes a cambio de míseros ingresos.
Son guiños a los inversores externos para hacerles más atractiva la perspectiva de inversión. El costo de esa estrategia lo sufrirán los trabajadores y las trabajadoras con pérdidas de ingresos y de derechos. Al aumento de las tarifas de servicios públicos y transporte, se pretende ahora la reducción de ingresos regulares, trasladando con mayor agresividad el ajuste sobre la clase trabajadora. Es el camino de la reforma previsional de diciembre pasado.
Es curioso como vuelven sobre el argumento de la litigiosidad en materia laboral, como si la defensa de derechos sociales, sindicales y laborales fuera “el” problema del funcionamiento de la economía. La imaginación es que todo se resolverá con esas esperadas y esquivas inversiones por las que claman las autoridades y por eso les ofrecen en bandeja la incompleta reforma laboral.
No es bueno el clima político para este ensayo de ajuste laboral que promueve el gobierno Macri. No solo por la discusión tarifaria en proceso, sino porque la conflictividad sindical y social supera toda parálisis imaginada de cara al mundial de fútbol. Son variados los frentes de lucha del gobierno y no solo desde el movimiento popular. Los que dominan presionan por estas medidas con corridas sobre el peso, elevando cotización del dólar, para avanzar más rápido en el ajuste y habilitar el conjunto del programa liberalizador de los grandes capitales.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2018

Devaluación y subas de las tasas de interés


En el eje de la tormenta política en la Argentina está la protesta social contra el tarifazo, ahora en debate en el Parlamento con la oposición sistémica disputando al macrismo el consenso de la sociedad. Desde el gobierno responden que la actualización tarifaria es un límite, y en un año no electoral pretenden hacer pasar el ajuste, por ahora con alza de tarifas y si pueden, disciplinando paritarias en torno al 15%, con muy pocas que por ahora se escapan por encima de ese techo.
Sin embargo, aun siendo las tarifas el eje de la disputa política, el BCRA apareció en escena durante la semana pasada en un juego de alza del tipo de cambio (dólar a 21 pesos) y la tasa de interés (30,25%) que merece ser analizado cuidadosamente, ya que algunos se apresuran a definir límites de la política gubernamental, cuando la realidad también puede pensarse como inducción a los “mercados” para impulsar la recesión con alzas de tasas y propiciar una redistribución de ingresos vía devaluación, como forma del ajuste por los mismos “mercados”. Con el eufemismo de los mercados esconden a los dueños del poder económico.
Mientras el INDEC ofrece cifras de recuperación de la economía, con la devaluación y subas de tasas se induce una desaceleración de la economía, que dificultará la construcción de consenso social, máxime para hacer pasar el ajuste. Mucho se dice y escribe sobre lo que quería hacer o no el BCRA y la política del gobierno, pero lo real es que hubo una devaluación del peso local. Cada vez que hay devaluación pierden los sectores de ingresos fijos: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, tanto como perceptores de planes e incluso empresarios que ligan su destino a la capacidad de compra de esa mayoría popular.
Desde diciembre, con un dólar a 17,50 pesos al dólar actual de 21 pesos, supone una devaluación del 20%, que a no dudar, más temprano que tarde se sumará a los precios de la economía, cuando el gobierno perjura su proyecto de un límite anual de la inflación del orden del 15%. Desde que Macri asumió la devaluación es del 115%, de un dólar a 9,75 a los 21 pesos actuales.
Esa devaluación del 20% que sufren los sectores de menores ingresos es muy parecida al pronóstico de los consultores privados que difunde el BCRA, los que anticipan un 20,3% de inflación para el 2018. Lo que hicieron en estas horas es alinear el precio del dólar con la inflación esperada, todo en torno al 20%. El costo sobre la mayoría social es abrumador vía aumento de precios.
La inflación es un mecanismo de ajuste, o si se quiere, de distribución regresiva del ingreso, de la mayoría empobrecida a la minoría enriquecida y la devaluación es un aumento del precio de la divisa hegemónica: el dólar. Este precio en ascenso se traslada a los precios esenciales de la economía, los que definen la inflación. Hay que acordarse cuando en diciembre del 2015 el Ministro Prat Gay señalaba que la devaluación no se trasladaría a precios, ya que estos se habían ajustado al paralelo de tiempo del kirchnerismo (12 a 13 pesos contra las 9,75 del oficial). La realidad fue una inflación en 2016 del 40%. Después dicen que el ajuste es gradual, como sería si así no lo fuera.
Queda claro que hay perjudicados y beneficiados. Entre los beneficiados está la patria exportadora, sea agrícola, minera, petrolera, gasífera, ganadera o industrial. Estos sectores oligárquicos y de gran burguesía local y transnacional venía señalando el “atraso” del dólar, por lo que perdían competitividad contra masivas importaciones y necesitaban mayor ritmo de devaluación para poder competir con sus exportaciones.
Recordemos que en 2016 y 2017 creció el déficit comercial que en tendencia para este año supone un rojo de más de 11.000 millones de dólares. El rojo de turismo es una cifra proyectada para este año similar, del orden de los 11.000 millones de dólares. Ni hablar de las cancelaciones de deuda o las Remesas de Utilidades al Exterior, derivada de la extranjerización de la economía argentina, que no es un fenómeno solo atribuible al macrismo, sino una tendencia creciente desde el ciclo aperturista y de extranjerización inaugurado en 1975-76 y potenciado en los años noventa y claro, ahora legitimado con el gobierno Macri.
El ajuste está funcionando bajo condicionantes internos y externos
Sea por la inflación del 40% en 2016, del 24% en 2017 y vaya a saber a cuanto llegará la del 2018, con un abril que promete escalar un poco más que el valor de marzo, claro que siempre con la promesa oficial que desde mayo la inflación bajará, aun cuando se anuncian subas del transporte, del gas, la electricidad, etc.
La devaluación es un ajuste a los ingresos populares en línea con la proyección inflacionaria. Los dueños de la economía local pedían que el dólar no se atrase respecto de otros precios y el ajuste es del 20% en lo que va del 2018, lo que nos la pauta de la inflación probable para todo el año, aunque nadie puede afirmar que el movimiento de alza de la divisa haya terminado, ni que el alza de los precios sea contenido en este 20% proyectado.
El tema es que Argentina tiene que cancelar el déficit comercial, turístico, la fuga de capitales, que incluye los ahorros dolarizados en cajas de seguridad o colchón más las cancelaciones de deuda y remesas al exterior; lo que en conjunto supone unos 60.000 millones de dólares.
¿De dónde saldrán esas divisas si Argentina no fabrica dólares? Pueden salir de las reservas internacionales, que sumaban casi 65.000 millones de dólares y ahora apenas superan los 58.000 millones de dólares y pueden bajar más. Algunos dicen que esas reservas no son reales, sin embargo los que embolsaron 5.000 millones de dólares (verdaderos, no imaginarios) esta semana, recibieron en sus cuentas acreditaciones a cuenta del BCRA que así estimuló a especuladores financieros.
Vamos a insistir, que ese destino es demostración que en la Argentina existen recursos para estimular la especulación o para destinarlos para otro modelo productivo y de desarrollo. No se necesita que la decisión de inversión esté en el capital externo cuando el Estado administra cuantiosos recursos financieros que se utilizan para garantizar la deuda pública o atender la corrida especulativa por divisas.
Se insiste en que el macrismo tiene dificultades económicas y puede ser, pero lo concreto es que la política económica actúa sobre la base de un gigantesco ajuste, por evolución de precios, que incluye la restricción a la actualización de los ingresos populares, sean jubilaciones o pensiones, salarios o beneficios previsionales o sociales.
Es cierto que se combinan causas locales y globales. Sobre las primeras hemos mencionado la presión por la devaluación del poder económico actuante en el país. Sobre lo global, la base está en el aumento de la tasa de interés de EEUU, ahora del 3%, cuando desde la crisis del 2008 tendió a 0, ídem en Europa, Japón o cualquier territorio del capitalismo desarrollado.
Fueron decisiones nacionales que impactaron en el sistema mundial, ya que en esas condiciones los capitales buscaron colocaciones para mejorar su rentabilidad en lo que se denominó los “mercados emergentes”, principalmente China, India o Brasil, pero también la Argentina y otros destinos del sur del mundo.
En los últimos años eso cambió y las mejoras relativas en las cuentas macroeconómicas, especialmente en EEUU, lo que no quiere decir que a la población empobrecida le vaya bien, supuso una modificación de las políticas económicas nacionales con subas programadas de las tasas de intereses. Esto empezó antes del acceso de Trump al gobierno de EEUU y es lo que se venía anunciando y que seguramente estuvo en los informes discutidos en la reunión de primavera del FMI y el Banco mundial de la semana pasada en Washington. A esa reunión asistieron por el país el Ministro de Hacienda, el de Finanzas y el Presidente del BCRA. No se puede argumentar que los sorprendió el tema.
Por otra parte, como desde mayo rige el impuesto a la renta financiera para los residentes extranjeros tenedores de LEBAC, éstos comenzaron a liquidar sus posiciones, o sea a vender LEBAC y colocar esos recursos en dólares, por lo que la demanda alcanzó unos 5.000 millones de dólares que el BCRA debió salir a vender. Algunos dicen que por eso no debía aplicarse el impuesto a la renta financiera, con lo cual, el argumento es que el Estado debe seguir cobrando impuesto a los más pobres porque tienen escasa capacidad de incidir en la disputa económica, salvo que luchen como es el caso de la protesta por las tarifas o de aquellos que continúan discutiendo el pretendido techo a las paritarias.
Es el eterno chantaje de los poderosos, a los que no se los puede afectar porque retiran inmediatamente sus dineros. Una lógica que reproduce al infinito el poder del capital concentrado y más en las condiciones de dominación de la especulación que rige en la Argentina desde tiempos del rodrigazo y la dictadura genocida.
Una preocupación
Puede ser muy peligroso imaginar un derrumbe de la política oficial por corridas contra la moneda o descontrol de la inflación, aun cuando baja la imagen de la gestión Macri. El problema es la no existencia de un proyecto diferenciado para organizar la economía y la política. Esa es la clave en la coyuntura, es más, existen indicios de quienes, desde la oposición política, ya se prueban el traje para gestionar el capitalismo argentino desde 2019.
Eso demuestra que puede haber reemplazo de gobierno sin modificar esencialmente el rumbo. Ejemplos tenemos en la historia y sin ir más lejos veamos el cambio de 1999 que no modificó esencialmente el rumbo de la economía y aceleró procesos críticos de la conflictividad que derivaron en el 2001. Puede pensarse que estamos lejos de las condiciones de conflicto social extendido del 2001, aunque algunos protagonistas vuelven a escena, caso de Cavallo, que ahora merodea la Casa Rosada como asesor presidencial.
Siempre puede existir la “asistencia” del FMI, con créditos y un plan de salvataje y estabilización de la economía, lo que supondrá un fuerte condicionante para el ajuste, como una excusa más para profundizar el apriete sobre los ingresos populares.
La clave está en la discusión del diagnóstico de situación del presente y la construcción de un proyecto que incluya el tipo de organización económica deseable para satisfacer necesidades de la mayoría, lo que requiere superar e ir más allá de la lógica del mercado, la ganancia y la dominación capitalista.
En este momento, con reuniones, actos y movilizaciones en torno al 1° de Mayo puede gestarse una tendencia de nuevas y renovadas campañas de movilización y protesta social que disputen el sentido común de la cotidianeidad en construcción de una alternativa política en la Argentina.
Buenos Aires, 28 de abril de 2018